De acuerdo con el XII Censo nacional de población y VII censo nacional de vivienda se tiene que en Guatemala, para 2018, hay una población total de 16.3 millones de habitantes, de los que el 16.1% vive en su primera infancia; 13.2% son niñas y niños; 11.0%, adolescentes; 23.5%, jóvenes; 29.0%, adultos, y un 7.2%, adultos mayores. Esto significa que la población guatemalteca es relativamente joven, ya que el 63.8% de ella es menor de 30 años. Aún se puede gozar, por consiguiente, de los beneficios del denominado bono demográfico. Sin embargo, el aprovechamiento de esta ventana de oportunidad requiere inversiones orientadas a la promoción, garantía y protección de los derechos de todas y todos, pero en especial de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos.

 

En la actualidad, Guatemala hace inversiones muy raquíticas en niñez y adolescencia: en los últimos cinco años (2015-2019) la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) apenas si logró superar el 3.5% del producto interno bruto (PIB), cifra que, de frente a los rezagos en materia de derechos de la niñez y adolescencia, resulta a todas luces insuficiente. Por ejemplo, en cuanto al derecho a la alimentación, de cada dos niños menores de cinco años uno enfrenta una situación de desnutrición crónica. Pero la inversión no solo es insuficiente, sino desproporcionada. De cada quetzal de IPNA, aproximadamente 75 centavos se orientan al Ministerio de Educación (Mineduc), lo cual da cuenta del abandono de ciertos derechos de la niñez y adolescencia; el Estado guatemalteco niega, de esta forma, su obligación de fomentar, garantizar y proteger de manera integral los derechos humanos de este grupo poblacional.