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Previo a la readecuación presupuestaria que el Ejecutivo operó en junio, y que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó a profundidad en su nota de Coyuntura No. 03-2021, el análisis de la ejecución presupuestaria no era técnicamente aconsejable ni viable. Esta dificultad técnica radica en el hecho de que, por dos años consecutivos, en 2019 y 2020, el Congreso de la República no ha aprobado los proyectos de presupuesto presentados por el Ejecutivo, y con ello en 2020 se ejecutó y en 2021 se está ejecutando el presupuesto aprobado en 2018, diseñado para el ejercicio fiscal 2019 y aprobado mediante el Decreto No. 25-2018, más las cuantiosas ampliaciones aprobadas en 2020 para financiar la respuesta gubernamental al impacto de la pandemia del covid-19.

Dentro de las razones que explican la no aprobación de estas propuestas presupuestarias destacan el rechazo y las protestas ciudadanas por prioridades de gasto alejadas de la atención adecuada de las necesidades sociales, por las anomalías y espacios para la corrupción que plegaron las iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo y que se agravaron anomalías adicionales introducidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.